El Cronista Comercial, 15 de julio de 2013
Juan Félix Marteau Director Posgrado Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo / UBA
Los nuevos Estándares internacionales para el combate contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva del Grupo de Acción Financiera (GAFI: 2012), otorgan una importancia decisiva a la lógica de la gestión de riesgos para el tratamiento de estos ilícitos, con la expectativa de mejorar los (pobres) niveles de eficacia que los sistemas nacionales han obtenido desde que se organizan los mecanismos globales.
A partir de estas recomendaciones, los países quedan obligados a identificar, analizar y comprender los riesgos que enfrentan y, como consecuencia de ello, realizar una inversión eficiente de los recursos necesarios a la prevención, mitigación o incluso la aceptación de los mismos.
Bajo el concepto de riesgo, estos delitos financieros pueden ser pensados a partir de la articulación de 3 factores: amenaza, riesgos y consecuencias.
La amenaza dados de los individuos o agrupaciones criminales que tienen capacidad para producir un daño en la jurisdicción en que actúan.
La vulnerabilidad dice de las debilidades coyunturales o estructurales que favorecen a la concreción del daño.
La consecuencia dice del impacto que los crímenes financieros producidos en los distintos aspectos de la vida social.
Mi perspectiva, en relación a la Argentina: en primer lugar, la evaluación de riesgos es un buen instrumento para sincerar el grado de importancia que el gobierno asigna al control de las actividades ilícitas productoras del dinero sucio, en particular, el crimen organizado. Luego de años de más 10 años de adopción incondicional de directrices del GAFI, el país representa un claro ejemplo sobre la ineptitud absoluta del sistema antilavado en el debilitamiento o desmantelamiento de las redes de corrupción, narcotráfico y contrabando que –como está directamente por los hechos– están presentes en el territorio.
Además, el análisis de riesgos conduce a desarrollar un diagnóstico objetivo sobre la capacidad regulatoria del Estado en su alianza con el sector privado. Nuevamente, la Argentina es un caso patético de ausencia y distorsión de los indicadores sobre el efecto que producen las normas y supervisiones del sistema antilavado / contrafinanciación sobre el campo de las ilicitudes financieras. Ello ha impedido hasta hoy diagramar con realismo (esto es, sin la tramposa retórica ideológica) las acciones que pueden limitar el mercado negro.
Por último, este enfoque basado en el riesgo puede ser un insumo creativo para los dirigentes de los sectores público y privado, más alto nivel, separe interpretar la evidencia que señalan las ganancias que provienen del delito y han penetrado en el estado muchas entidades de la economía formal.
Creo que definitivamente uno de los mayores desafíos de la democracia es la salvaguarda de nuestros líderes de la extraña fraternidad que le ofrece los grupos mafiosos.
En conclusión, el riesgo en este campo se presenta como un concepto y una tecnología que, racionalmente puede ayudar a forjar un pacto destinado a conjurar el advenimiento de una era de inseguridad política (más) profundo para todos los argentinos.
