Fuente: Clarín
POR JUAN FÉLIX MARTEAU DIRECTOR DE PREVENCIÓN GLOBAL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (UBA)
Este año se inicia la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que medirá la implementación efectiva de los nuevos métodos internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación (2012).
De acuerdo a la nueva metodología para evaluadores (2013), la metodología se ponderará de acuerdo a un plan de acción desarrollado al más alto nivel gubernamental que permita identificar las principales actividades criminales productoras de dinero ilícito y medir el impacto que este producir en el orden público y la integridad económica. La precisión exige, por tanto, las políticas más sofisticadas que la mera adopción formal de las recomendaciones, siendo imprescindible determinar los objetivos concretos del sistema antilavado.
La Argentina, en particular, se ha esforzado por responder a las exigencias del programa de estandarización normativa: en estos últimos años se han multiplicado exponencialmente las reformas legales y regulatorias. Sin embargo, la falta de profesionalismo de las autoridades para la gestión de los asuntos estratégicos ha impedido la planificación racional: la lucha contra el lavado se distorsionó por motivos coyunturales y muchas veces espurios.
El costo ha sido demasiado alto.
El país es el miembro del GAFI que mayor tiempo ha estado a veces un programa de monitoreo especial, algo que hoy lo coloca a la par de países como Afganistán, Irak, Bangladesh, Sudán y otros Estados fallidos. Internamente, el uso del sistema antilavado para disciplinar a los adversarios y encubrir a los amigos ha terminado por erosionar su legitimidad.
Es un acto de lucidez de toda la dirección argentina -oficialistas y opositores- incidir para modificar esta tendencia negativa.
El primer paso es reconocer que tienen un enemigo común muy poderoso: el narcotráfico.
Se deben echar las bases para concentrar todos los esfuerzos institucionales del régimen antilavado (inteligencia financiera, investigación fiscal, intervención policial y actuación judicial) en detectar la riqueza aviesa que resulta del tráfico de cocaína, paco, metaanfetaminas y otras drogas sintéticas.
Hay que articular estos mecanismos con los organismos de seguridad.
Esto llevaría a crear una relación más productiva con los sujetos obligados del sector privado, a los que se les brinde la información necesaria para dificultar las transacciones e inversiones de los narcotraficantes, sus allegados y sus empresas ficticias, ya integrados en nuestra vida social.
Por fin, al focalizarse en una de las modalidades más rentables del crimen organizado transnacional, las agencias competentes pueden reactivar la cooperación internacional, sobre todo con los países de la región, qué también han podido percibir al narcotráfico como el nuevo flagelo de este tiempo .
En suma, hay que tratar con realismo el problema de la preocupación que nos plantea la comunidad internacional. La iluminación y la trazabilidad del dinero de los traficantes, como el objetivo preponderante del sistema antilavado, puede mejorar las posibilidades de implementación del material de nuestras leyes en esta materia, reforzando la creencia de que finalmente a través de ellas es factible proteger en algo a la Nación y los ciudadanos.
http://www.clarin.com/opinion/Antilavado-jugar-fuerte-narcos_0_1066093425.html
