Por el Dr. Juan Félix Marteau
El vínculo entre el contrabando y el fraude fiscal con el lavado de activos en nuestro país fue acreditado por las autoridades argentinas ante el Grupo de Acción Financiera en todos los ejercicios de evaluación mutua realizados hasta el presente. Así, la Argentina considera al contrabando y los delitos fiscales, junto con el narcotráfico y la corrupción, como las principales actividades productoras del dinero ilícito que luego se legitima en nuestro orden económico financiero haciéndolo aparecer como lícitamente.
Sin embargo, el nivel de abstracción y generalidad de los informes producidos por este organismo transnacional no permite cuantificar ni medir el verdadero impacto que el dinero espurio de los contrabandistas y evasores producen en nuestra vida institucional.
Por ello, la tarea a emprender es focalizar el análisis de lagunas formas delictivas típicas del contrabando y el fraude fiscal que, por sus características, puede descubrir más fácilmente las consecuencias que producen. Este es el caso del comercio ilícito de cigarrillos, una actividad que no siempre es percibida como un delito, pero que, en realidad constituye el nodo visible de una delictiva roja profundamente enraizada en nuestra sociedad.
El cruce de información producida por distintas fuentes abiertas, entre las que destaca el trabajo del Instituto Brasileño de Ética Competitiva, permite afirmar que en Paraguay se producen anualmente entre 60 y 70 mil millones de cigarrillos, de los cuales el excedente del mercado de consumo local (de cerca de 2,5 y 3 millones de cigarrillos) termina en manos de agrupamientos criminales regionales.
A ello, debe sumar el hecho de que, en este país, el impuesto que pagan los cigarrillos es del 18%, frente a cerca del 80% de los países vecinos, lo que marca una asimetría impositiva que favorece este tipo de comercio ilícito .
Se puede estimar que los cigarrillos producidos en Paraguay que son algunas veces prácticas de contrabando y falsificación marcaria impactan en cerca del 7% del mercado de consumo argentino, lo que se suma a otro 7% de cigarrillos ilegales producidos en el país. Lo cierto es que esta actividad implica un negocio millonario. Se calcula que los 5,5 millones de cigarrillos de origen ilícito que se consumen anualmente se traducen en más de 14 millones de pesos en el mismo período.
Además, las evidencias indican que toda esa ganancia contaminada es alguna vez un proceso de reciclaje, utilizando cuevas financieras, paraísos fiscales, empresas de fachada, transacciones en efectivo e inversión inmobiliaria, permite a los delincuentes su disponibilidad sin mayores consecuencias.
Tal cantidad de activos lavados no solo afecta al orden aduanero y fiscal, sino también al orden público en su conjunto ya que crea las condiciones adecuadas para que los contrabandistas y falsificadores sobornen a los encargados de los controles, penetren las campañas políticas y fortalezcan las Alianzas con otras formas de delincuencia organizada.
Teniendo en cuenta lo dicho, es posible concluir que una comprensión más certera sobre los crímenes aquí contribuye significativamente a un mapa de riesgos más consistentes sobre la actividad del lavado de activos que se desarrolla en la Argentina, abriendo una oportunidad más concreta para la lucha contra la criminalidad económica-financiera mar menos retórica y algo más efectiva.
