El primer borrador ya circula entre magistrados federales; busca establecer patrones de identificación de asociaciones, de búsqueda de datos y de análisis sistemático de información de bases de datos.
La investigación en la megacausa conocida como «narcoarroz» llevó al juez federal Sergio Torres a anunciar la necesidad de establecer un protocolo para las investigaciones patrimoniales vinculadas al lavado de activos. Ese caso, en el que se comprobó la actuación en el país del cartel del Norte del Valle, de Colombia, está ahora en su «cuarta fase», que es en la que se buscará determinar de forma precisa la cantidad de activos financieros blanqueados por la organización.
Torres comenzó a trabajar con el ex jefe de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y fundador de la Fundación de Investigación en Inteligencia Financiera (Finint), Juan Félix Marteau, para la creación de ese protocolo. El sucesor de Marteau en aquel organismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Nicolás Negri, el mandato y la tarea y la distribución de todos los juegos y fiscales que componen las mesas de debate un primer borrador.
En él se especifica algunas cuestiones claves para las investigaciones de lavado de dinero. Por ejemplo, la cantidad de asociaciones con las que se debe tener relación para avanzar. También, en qué lugares o agencias hacer búsquedas de activos sospechosos, cómo utilizar los canales de cooperación internacional y cómo hacer análisis sistemáticos de bases de datos.
«El objetivo central es que todos separen dónde y cómo solicitar información para así saber más sobre algunas cuestiones de la burocracia que hacen engorroso el trabajo», dijo LA NACION uno de los integrantes de esa mesa de debate.
«Se trata de un esfuerzo que va en paralelo con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y que aporta una herramienta para comenzar a cambiar la« lógica del descomiso », que es lo que hoy impera en la Justicia», otro de los integrantes.
Uno de los puntos centrales del nuevo protocolo es buscar romper la cadena actual de investigación patrimonial, que suele ser, según explican los especialistas, un proceso similar al de la «ingeniería inversa»: se encuentra dinero blanqueado y se intenta llegar al ilícito de origen . «Hay que empezar a impulsar investigaciones patrimoniales cuando hacen los alambres, los descomisos. Así es más simple desarmar la estructura. Porque el golpe que tiene éxito las organizaciones es el económico», agregó un juez que trabaja en el tema.
En el caso de la Dirección de Captación de Comunicaciones, el organismo dentro de la Corte Suprema que se encarga de las escuchas telefónicas, se convierte en el receptor de la información de todas las agencias del Estado.
«Hoy estamos investigando con estructuras del siglo XIX. En este tipo de investigaciones necesitamos que ya esté listo un perfil patrimonial financiero, y para eso se necesita una dirección con la capacidad de procesamiento de todos los datos para que cuando un juez los necesite estén disponibles , como mucho, en una semana «, dijo Marteau a LA NACION.
La protección de esos datos es otro de los focos sensibles, que exige mayor seguridad. Diferentes fuentes al tanto de la situación recordaron la transformación que realizó el ex titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) José Sbatella, que le costó al país quedar en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
«El protocolo, además, tiene por misión guiar a los jueces y fiscales de todo el país acerca de cómo llevar adelante una investigación directamente orientada a la fase económica de la actividad criminal, habida cuenta de que es la única manera en que se puede debilitar a una organización delictiva «, agregó Marteau.
Uno de los laboratorios de prueba es el posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que coordina Marteau y en cuyo equipo docente figuran Negri; el juez Torres; su colega Claudio Bonadio; el fiscal general de Casación Raúl Pleé, y el camarista y encargado de la comisión de coordinación del nuevo proyecto del Código Penal Mariano Borinsky, entre otros.
Registros y bases de datos
En el borrador, de más de 140 páginas, enumere las agencias que pueden colaborar en la búsqueda de activos de origen ilegal. Además de las tradicionales, como la AFIP, la UIF o la Oficina Anticorrupción (OA), se enumeran el registro de productos de la Nación, el Hipódromo de San Isidro o el registro de studs del Jockey Club. «El dinero siempre es mucho y hay que revisar en todos los lados», explicaron las fuentes.
El protocolo requerido cómo recurrir a los canales de cooperación internacional para evitar los «exhortos diplomáticos» que, según el caso, pueden demandar varios meses de demora. En la práctica, la UIF hace un trabajo similar, en muchos casos sin revelar sus fuentes, cuando se indica a los jueces en qué organismos pueden encontrar esa información, según explicaron fuentes del organismo.
Entre las recomendaciones de investigación patrimonial del protocolo está la que considera que es necesaria una técnica de investigación que permita analizar sistemáticamente la información existente en las bases de datos públicos o privados.
Lo que se busca es modificar las formas de investigación actual, en las que la UIF se encarga de esa mano de obra cuando recibe un informe de operación sospechosa (ROS) y comienza a buscar el origen del dinero. Un dato no menor, según se reveló en el último encuentro del GAFI: el ROS dejó de ser una herramienta primaria debido a la gran cantidad que se emite mensualmente. «Pasa a ser un dato para incluir en una base, pero no para iniciar una investigación», solicitó una calificada fuente judicial.
Otro de los motivos de la creación del protocolo es la situación actual en la materia. «En la justicia apareció a causa de los delitos complejos que antes no estaban. Hace cinco años comenzó a ver este crecimiento. Se trata de una respuesta a una situación concreta», dijo Negri a LA NACION.
La forma de trabajo es la siguiente: esporádicamente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una carga de Germán Garavano, organizaciones de mesa entre fiscales y jueces federales -coordinadas por el propio Negrita para debatir puntos en común. De una de ellas salió el primer borrador del protocolo.
Otro de los motivos por los cuales se busca dar mayor impulso a estas investigaciones es el contexto mundial. Hoy, el GAFI es presidido por el secretario de Justicia, Santiago Otamendi; por eso las autoridades argentinas consideran que se encuentran en el momento más oportuno para avanzar con estas cuestiones. Otamendi, en diálogo con LA NACION, remarcó que se trata de un paso más en una política para tener una Justicia más moderna.
Promotor del cambio
Juan Félix Marteau
«El protocolo tiene por misión guiar a jueces y fiscales de todo el país acerca de cómo llevar adelante una investigación directamente orientada a la fase económica de la actividad criminal, habida cuenta de que es la única manera de debilitar a una organización criminal»
Puntos clave
Se impulsa un cambio de paradigma; pasar de investigar cuando aparece una operación sospechosa a impulsar las pesquisas en cuanto se realizan los descomisos
Se estableció delegar en la Dirección de Captación de Comunicaciones de la CSJN la centralización de la información. Se suman técnicas de análisis sistemático de bases de datos públicos y privados
El protocolo enumera en qué agencias buscar información y qué canales de cooperación internacional acudir. También alienta a usar los ROS como dato adicional y no como punto de partida
Otro paradigma
Buen punto de partida
Actualmente, las investigaciones patrimoniales relacionadas con el lavado de dinero son largas y en contadas ocasiones específicas éxitos contundentes. Es posible que eso se debata a la complejidad de las propias tramas o trabas burocráticas. Pero, también, la falta de rigor en las pesquisas o, incluso, la falta de experiencia o del conocimiento de los funcionarios judiciales en una materia relativamente nueva. Es ahí donde está la preparación de un protocolo para jueces y fiscales que sirva como una «hoja de ruta» posible para el avance de las pesquisas se vuelve relevante. Lo mismo ocurre con la sugerencia de avanzar en la investigación patrimonial cuando se hacen los descomisos. Es lógico: quien lleva adelante acciones ilegales volcará el dinero malhabido al mercado legal.
fuente: La Nación
