DEBATE: La reforma judicial encubierta

Juan Felix Marteau

26/08/2020

Clarin.com I Opinion

El proyecto de ley sobre Reforma a la Justicia Federal, bajo tratamiento del Senado, es técnicamente tan mezquino y políticamente tan forzado que lo mejor que le puede pasar al Gobierno es que no se convierta en derecho vigente.

En este caso, el Presidente será exitoso sólo si su iniciativa fracasa. De otro modo, cederá su restringida agenda a su principal artífice y sostén, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y, lo que es más decisivo, distanciará su liderazgo de la estratégica porción del electorado independiente que lo votó para que propicie la unión de los argentinos.

Para que algo sea verdadero, advierte Hegel, debe haber una correspondencia entre el concepto y el objeto. De de otro modo sólo hay apariencia: esto es, algo efímero, precario, insustancial. El Poder Ejecutivo, en sus considerandos, establece que el objetivo de la reforma es lograr “una justicia independiente del poder politico”. Un fin loable que parece desconfigurarse en el curso de la definición de un diagnóstico impreciso y una inadecuada determinación de los medios a emplearse.

En relación al diagnóstico, el Presidente entiende que existe una “corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrenten.” A tal estado de situación se arriba, de acuerdo al texto de referencia, por la ocurrencia de tres factores convergentes: (i) la interferencia del poder judicial por parte de “quienes gobiernan” gracias al uso abusivo de determinados organismos del Estado; (ii) la presión o el silencio complaciente de “ciertos” medios de comunicación y, por último, (iii) la “concentración” del fuero federal (criminal y correccional) de la Capital Federal en un “reducido número de magistrados y magistradas”.

Al hacer todas estas referencias, la Presidencia parece no estar pensando en la sociedad que reclama un cambio profundo y verdadero del sistema de justicia penal, sino en la clase política, en particular el grupo de antiguos funcionarios kirchneristas, sometidos a proceso durante el período de la (más que aparente) gestión anterior.

El Presidente debería haber considerado que, aún en el contexto de esta grieta maldita, no debe haber ningún ciudadano argentino que avale una persecución arbitraria sobre un dirigente político – incluida la ex Presidente- por más diferencias ideológicas que puedan existir. Más allá de las subterráneas e ilegítimas operaciones que se hayan realizado, es a todas luces evidente que -cuanto menos- el instrumento de la querella por parte de la UIF y la OA, se convirtió en un instrumento de injerencia estrictamente política en la causas de corrupción.

Por eso mismo, al momento de esgrimir estos argumentos como fundamento de la mentada reforma, Alberto Fernández debería explicarle a la ciudadanía cómo se ha conformado tal modus operandi delictivo y denunciar penalmente a todos y cada uno de los actores que llevaron a cabo los hechos ilícitos.

Sin embargo, el camino adoptado ha sido impulsar una reforma. Solzhenitsyn describió con crudeza la “cobardía de los ilegalismos”, un sesgo de sociedades decadentes en dónde las flaquezas ético-políticas se pretenden subsanar con leyes artificiosas: ornamentos normativos que dan la falsa apariencia que se puede vivir incumpliendo la palabra empeñada y procrastinando la acción práctica que me responsabiliza y me otorga mi verdadera identidad.

En orden a los medios elegidos para cumplir con el objetivo enunciado, parece indemostrable que la independiencia de la justicia penal de la Capital se logré creando 23 nuevos juzgados en lo penal federal -llegando a ser 46 en total (artículo 11) y que sean sólo ellos – en manos de jueces subrogantes- los que se encargarán de las causas que se abriran a partir de su habilitación. Es obvio que el plazo de 1 año fijado para tal “nueva concentración” es una nueva apariencia considerando el atraso irracional de los nombramientos de los jueces, el defícit presupuestario tremendo del Poder Judicial y la tensión que va a originar el nuevo reparto de favores que supone la designación de los nuevos magistrados.

Hay que considerar que, como espejo, el proyecto crea la misma cantidad de fiscalías federales, pecando esta vez por defecto, ya que el nuevo sistema acusatorio, en curso de implementación, exige una completa reingenieria del Ministerio Publico, considerando que en sus manos estará la investigacion del crimen organizado (objetivo tibiamente mencionado en el programa oficialista).
El señalamiento que la Presidencia realiza, también en los Considerandos, sobre la eventual intervención de los medios de comunicación en el programa de captura de la justicia penal, fue completado (no puede haber sorpresa) por el Senador Parrilli al introducir (artículo 72 inc. e) la artera exigencia de que los jueces “comuniquen” al Consejo de la Magistratura “cualquier intento de influencia en sus decisiones” por parte de los “poderes mediáticos”. Nuevamente la apariencia gana a lo verdadero. Por mandato constitucional, los jueces están obligados, no a “comunicar”,
sino a desplegar todo su poder jusrisdiccional para reprimir un episodio de esta envergadura. Por eso, esta jugada del senador del oficialismo no puede ser leída sino como los preparativos de una nueva batalla contra la libertad de expresión que sepulta cualquier expectativa de alcanzar una discusión técnica racional sobre esta forzada propuesta.

En definitiva, esta iniciativa tiene problemas conceptuales severos, que ponen en evidencia la unilateralidad de quien lo enuncia y la distancia que lo separa con la realidad que describe. Si la fortuna política acompaña al gobierno y esta acción no prospera, el Presidente y la Vice-Presidente tal vez puedan volver a recordar algo que conocen sobradamente: lo más sofisticado del ejercicio del poder (conceptual) es su capacidad de reunir -no de separar- lo que está más allá de uno mismo.

Juan Félix Marteau. Abogado y Doctor en sociología. Profesor Titular
de Criminología de la Universidad de Buenos Aires