El funcionamiento de la UIF ha sido absolutamente errático.

JUAN FÉLIX MARTEAU
Socio Senior de Marteau & Asociados, el ex coordinador argentino ante el GAFI alerta sobre las nuevas atribuciones de la Unidad de Información Financiera.
Mientras la discusión pública gira en torno a los alcances de la reciente sanción de la nueva ley anti-lavado, Juan Félix Marteau cuestiona una resolución puntual de la Unidad de Información Financiera (UIF), según la cual los bancos (y el resto de los sujetos obligados) especifique el listado de sus clientes al organismo que lidera José Sbatella con independencia de si existe una sospecha o investigación en curso. Se trata de la resolución UIF N ° 70 resolución Reglamentación de los Reportes Sistemáticos de Operaciones On Line.

Crítico de la falta de autonomía que presenta hoy el principal organismo encargado de combatir el blanqueo de activos, Marteau alerta sobre la posible utilización política que la UIF podría llegar a esa información y denuncia la falta de garantías institucionales para resguardar los datos.

¿Cuál es el grado de autonomía de la UIF actualmente?

Todos requerimos que la UIF tenga autonomía, es decir, que no obedezca a mandatos políticos. La UIF debe ser un organismo operativo, no puede ser un organismo estratégico. El tema es que se ha vulnerado esa autonomía y se opera por criterios estrictamente políticos. Por ejemplo, no se entiende cómo puede ser que tengan una denuncia hace más de un año con respecto al caso Shocklender y recientemente ahora se informa al fiscal competente.

Tenemos constancia estadística de que la UIF le reporta al fiscal solamente casos de poca monta y que no le transmite los grandes casos de narcotráfico y corrupción. No vemos que los casos fuertes repercutan en la Justicia.

Además, hay algo, un punto reciente, que me preocupa mucho: a través de una resolución, la UIF establece la obligación de que, entre el 3 y el 31 de octubre, todos los sujetos obligados del sistema financiero informarán el listado de sus clientes con independencia de si existe alguna sospecha o investigación sobre estos clientes. El gran problema es la posible privatización de la información sobre clientes y empresas que, finalmente, no se sabe bien dónde terminará.

¿Cómo se puede utilizar el uso adecuado de esta información a los efectos de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo?

Este tipo de información sobre las personas, hoy, ya está en el Banco Central, en la AFIP, pero allí hay una serie de protocolos de reserva de la información. Es decir, existen una serie de puertas para romper para llegar a esa información. Por el contrario, la UIF fue operado año tras año casi sin resguardo de la información. Entonces, si ahora la UIF le exigirá a todos los bancos información sobre sus clientes, en la que todos vamos a estar en una base de datos que investigan el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, cabe preguntarse dónde están las garantías institucionales y los protocolos de reserva de la información para el uso de esos datos tenga ese solo efecto y no otro. No se puede dar a un organismo estatal información esencial sobre la actividad privada de las personas si esto será utilizado para otros multas.

Para peor: en el sistema global, del cual forma parte de la UIF, la información es susceptible de circular en un circuito de 180 jurisdicciones que están integradas al intercambio de información. En la jerga se dice que la UIF está enchufada a otros organismos similares alrededor del mundo. Es un problema muy grave.

En cuanto al control patrimonial, lo que recomienda el GAFI es que el sector privado y el sector público trabajen coordinadamente para lograr mayor precisión. ¿Sucede esto en la Argentina?

Aquí, el sector privado no tiene manera de saber dónde está el destino de los recursos del Estado, en esta materia. No sé sabe cuál es el norte en esta lucha. Desde el año 2000 a la fecha, el Estado argentino se ha comprometido a cumplir con las obligaciones internacionales: son 11 años de desestandarización jurídica internacional, desde que ingresó al GAFI. Esto ha tenido incidencia en el sector bancario principalmente, pero también en el sector financiero no tradicional. El sistema internacional está pensado exactamente así, para que funcione una alianza estratégica entre, por un lado, el sector privado, que recaptura información de la cual pueden quirúrgicamente indicios de una actividad delictiva, y, por otro, el Estado, que debe brindar las herramientas para llegar a la condena de los delincuentes. Después de una década de actividad institucional en la Argentina, vemos que el Estado no ha respondido, no ha obtenido sancionar nada en esta materia. Por otro lado, el funcionamiento de la UIF ha sido absolutamente errático durante este lapso. Sea por inercia, por incapacidad o por politización, todas las formaciones de la UIF han producido una incertidumbre respecto a la legitimidad del sistema.

¿Cuál puede ser ese norte?

Cuando fui coordinador argentino ante el GAFI, mi primera actividad fue diseñada una agenda estratégica para presentar al Presidente de la Nación. Articulábamos la actividad de los principales organismos de regulación del Estado argentino. Eran 18 organismos. Esto terminó con un decreto presidencial del ex mandatario Néstor Kirchner aprobando la agenda que habíamos planteado. Pero, luego, esto salió del orden de destino del Estado argentino. Lo que está claro es que esta agenda nacional, que era un primer paso, fue saboteada y hoy, las consecuencias están a la vista: tenemos el GAFI amenazando con una sanción enorme a la Argentina y colocando al país al borde del ostracismo por no cumplir con la cooperación internacional en estos temas. Según mi experiencia actual, como asesor legal del FMI,

¿Qué opina de los alcances de la nueva ley anti-lavado, sancionada por el Senado?

Que la Argentina haya avanzado en la incriminación del auto-lavado está bien. Lo que veo con desazón es que haya desaprovechado la presión internacional para crear una ley integral en la materia, dándole fortaleza a la UIF para luchar contra el crimen organizado pero con el contrapeso, que es una serie de protocolos legales acerca de cómo tienen que ejercerse esas facultades. Finalmente, salió un proyecto muy acotado, a continuación, recibió una satisfacción al GAFI.