Clarín , 15/10/12
En esta Argentina, todos somos terroristas
POR JUAN FÉLIX MARTEAU * ABOGADO Y DOCTOR EN SOCIOLOGIA
Según la ley 26.734, sancionada por el Congreso de la Nación el año pasado por iniciativa del Poder Ejecutivo, terrorista es aquel individuo que comete cualquiera de los delitos previstos en el Código Penal o en las leyes penales especiales con la finalidad de aterrorizar a la población u obliga a las autoridades públicas nacionales, los gobiernos extranjeros o los agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.
Se trata de una fórmula legal que violenta el principio constitucional de certeza, posibilitando el desarrollo de una política antiterrorista contra individuos que nada tienen que ver con el nuevo terrorismo global, tal como está descripto en el Convenio de las Naciones Unidas contra la Financiación del Terrorismo , las Resoluciones del Consejo de Seguridad 1267 y 1373, y los Estándares del Grupo de Acción Financiera.
Considerando estas normas internacionales, durante la Administración Kirchner llevamos a cabo la primera iniciativa de encapsular racionalmente el problema del terrorismo .
Terrorista podría ser solo aquel individuo que pertenezca a un grupo criminal orientado a propagar el odio extremo, afectado con una red internacional y dotado de instrumentos altamente ofensivos. Con estas exigencias, se establecía una clausura objetiva: terrorista no era solo aquel que tenía la intención, sino también la capacidad material de causar grave zozobra en el tejido social o de condición inequívocamente a los poderes constituidos.
Una vez derogadas estas prescripciones limitativas, la ley vigente que afecta que distingue al terrorista (de cualquier delincuente común) es el único animus subjetivo con el que realiza su acto antijurídico.
Esta extravagancia jurídica está destinada a activar la arbitrariedad política.
Mientras los académicos neoprogresistas han practicado sus ejercicios habituales en nombre de los Derechos de la Humanidad, la primera interpretación gubernamental llegó desde los ejecutivos institucionales.
El presidente de la Unidad de Información Financiera, en declaraciones radiales, específicamente que terrorista puede ser “quien causa una correlación bancaria o un ataque a la moneda” o bien “quien afecta la gobernabilidad” . Para la entidad que debe prevenir la financiación del terrorismo, los insurgentes globales habían transmutado en especuladores, evasores, conspiradores y opositores.
La UIF ordenó el primer congelamiento de fondos de personas físicas y jurídicas bajo la sospecha que los mismos estaban destinados a financiar un prófugo de la justicia en una causa abierta por derechos humanos.
En la lógica de una novedosa coerción administrativa que recae sobre los bancos y otros sujetos obligados (que ahora deben retener el dinero de los sospechados), el terrorista adquiere ahora la fisonomía del Terrorista de Estado, aunque sus actos ocurrieron en los tiempos de la dictadura y hoy carezca de cualquier poder de fuego. Ninguno de los transgresores imaginados por los agentes de la inteligencia financiera local son los terroristas que especificó el hacedor de las normas y los protocolos internacionales, incluso cuando algún burócrata avieso registra la computadora estas manifestaciones de poder como un nuevo compromiso del Gobierno al requerimiento de eficacia que impulso el GAFI.
Como lo advierte la experiencia histórica, cuando un Estado define un individuo como terrorista realiza una declaración de hostilidad excepcional: el individuo se convierte en una amenaza que hay que conjurar con el cien por ciento de la fuerza punitiva disponible.
Cuando esta definición es ilegítima y obedece solo a oscuros intereses disciplinarios del gobierno de turno , las medidas antiterroristas producen un impacto simbólico desolador en toda la sociedad.
Se sabe: la enemistad estatal deviene, ella misma, aterradora.
En ese momento se producirá una subversión total del orden de las palabras y la realidad. El terrorista que se busca combatir ya no es aquel asesino capaz de lo inimaginable para implantar sus ideales cargados de resentimiento, sino tan solo el ciudadano degradado por el miedo, ese extraño y complejo sentimiento que -hasta un límite- nos silencia y nos repliega, para luego relanzarnos a refundar las alianzas, los liderazgos, en fin, la ley y la política.
En este capítulo de nuestra Argentina barroca, todos somos terroristas.
* Fue representante de la Argentina ante el GAFI en el gobierno de Néstor Kirchner.
