“En la Argentina no se combate el lavado”

Por Sergio Dattilo para Ámbito Financiero

Un informe de diciembre de 2009, suscripto por la embajadora de Estados Unidos, Vilma Martínez, afirma que la Fuerza Táctica de Acción Financiera pone en duda las intenciones verdes del Gobierno de la Argentina para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También reproducimos declaraciones del ex representante argentino ante el GAFI, Juan Félix Marteau, diciendo que perdió su puesto como represalia por haber investigado demasiado en los casinos, donde -agrega el cable- «importantes kirchneristas tendrían intereses». Y califica a la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras) como «un organismo quebrado».

Además, dice que Rosa Falduto, que se dirige por entonces la UIF, ese puesto por el madrinazgo de la jueza María Romilda Servini de Cubría, y lo mantenía por ser funcional a Aníbal Fernández, una Cristina de Kirchner y su esposo Néstor Kirchner, porque -según un informante- se negaba a responder las solicitudes de investigación sobre el matrimonio presidencial que llegaron desde Suiza, Lichtenstein y Luxemburgo.
«Según Mariano Federici (el informante, funcionario del FMI), Falduto filtró personalmente la información de la UIF había pedido al FINCEN información sobre Francisco de Narváez, un rival de Kirchner».

El cable filtrado por WikiLeaks, fechado en diciembre del año pasado, lleva el número 1257/01 y fue dirigido al Departamento de Estado con copias a la Dirección de «Seguridad Nacional», el Departamento de Justicia, el FBI, la DEA y el Departamento del Tesoro A continuación, sus pasajes más significativos:

La FATF realizó una revisión de dos semanas sobre los organismos antilavado y contraterrorista. El jefe operativo es escéptico sobre las intenciones del gobierno argentino para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La mayor parte del lavado en la Argentina esconde evasión fiscal y corrupción, pero los fondos derivados del tráfico de drogas son un problema creciente. La FATF considera los organismos argentinos que combaten ineficientes, y no han logrado acusaciones específicas en la Justicia.

La casi total ausencia de acción, junto con una cultura de la impunidad, hace que la Argentina sea un país listo para la explotación por narcotraficantes y células terroristas.

Fabio Contini, el italiano que encabezó el grupo operativo de la FATF, vivió un año en la Argentina como agregado comercial de la Embajada de Italia. Dice que las medidas tomadas por el Gobierno local están calculadas para cumplir con los requisitos mínimos requeridos por los indicadores internacionales y evidencian escaso o nulo entusiasmo para limpiar el sistema financiero.

Agrega que buena parte de la economía argentina está «en negro» y que hay un gran uso del contacto para las operaciones, «lo que hace al país vulnerable al lavado y otros delitos financieros». Sin embargo, la propia Embajada de EE.UU., citando sus «contactos», afirmando que «el financiamiento del terrorismo es un hecho muy inhabitual», pero que el narcotráfico se está convirtiendo en un gran problema.

El cable menciona entrevistas con Raúl Plée (titular de la UIF, que es calificada como «el jugador más débil del equipo que combate al lavado de dinero»), Pablo San Martín (de la consultora SMS) y Marcelo Casanovas, del Banco Provincia ( dijo que mirar el autolavado como un problema es no ver el bosque: el tema es «sistémico»).

El cable dice -en boca de «expertos» – que jueces y fiscales carecen de comprensión del «fenómeno de lavado»; Mariano Federici, asesor del FMI en temas de Integridad Financiera, afirma que esos funcionarios no tienen la sofisticación necesaria para dirigir investigaciones y lograr condenas, y los jueces “parecen desinteresados ​​en adquirir las destrezas necesarias para manejar ese tipo de casos”.

En sentido inverso, Casanovas identificó que el sistema judicial tiene deficiencias, pero que la culpa es más de los fiscales y los investigadores que de los jueces.

El informe elogia la gestión del anterior representante argentino ante la FATF, Juan Félix Marteau, pero califica de «pobre» la de su sucesor y actual representante Alejandro Strega, de quien dice que «su falta de antecedentes en el combate al lavado y su falta de recursos lo han hecho mayormente ineficiente ». Elogian su inglés, dicen que es un «agradable conversador» y que le gusta visitar la embajada, «pero tiene escaso acceso al ministro de Justicia, Julio Alak, poco personal y casi nada de dinero».

La conclusión final indica que «la Argentina sin dudas sufre duras críticas en la revisión del GAFI, lo que dificultará su reingreso al sistema financiero internacional. Seguramente, el Gobierno acusará al GAFI y aludirá a una conspiración internacional por las críticas, incluyendo quizás hasta el Gobierno de EE.UU. ». Añade que, pese a «la buena fe que exhibe nuevos funcionarios como el ministro Alak, quizás sea poco realista esperar que el Gobierno canalice fondos a los fiscales o un esfuerzo coordinado para perseguir a los lavadores».