El abogado de la familia de una de las víctimas del ataque terrorista en el que murieron 5 argentinos se refirió a la condena que puede recibir el autor del atentado de Nueva York
“El terrorista de Nueva York estaba contento cuando pidió colgar la bandera del ISIS en su habitación del hospital. Mató a 8 personas, dejó gravemente heridas a 12. ¡Debería recibir la pena de muerte!”, escribió en su cuenta de Twitter el entonces Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump al referirse a Sayfullo Saipov, el autor del atentado en el que fueron asesinadas 8 personas, entre ellas 5 argentinos.
A cinco años del ataque, el terrorista está siendo juzgado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y los fiscales pidieron la pena de muerte. El atacante ya fue encontrado culpable de 28 cargos por el jurado y está previsto que a partir del 13 de febrero continúe el proceso que culminará con la condena que puede ser la pena capital.
Si bien durante la campaña electoral el actual Presidente Joe Biden prometió eliminar las ejecuciones, tanto la administración anterior como la actual han dejado que los fiscales federales avancen con los procesos en los que piden la pena de muerte para los acusados.
Sobre este tema Infobae dialogó en Nueva York con Juan Félix Marteau, especialista en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y abogado de la familia de Hernán Mendoza, una de las víctimas del atentado terrorista del 31 de octubre de 2017.
– ¿Hay debate en Estados Unidos sobre la pena de muerte?
– Con relación a la pena de muerte la gente y algunos comentaristas dicen que hay un debate. Es importante señalar que justamente en los Estados Unidos, en el Estados Unidos de la grieta importante no hay debate porque hay justamente todo lo contrario, hay una convergencia en la posición tanto de la administración Trump que fue quien llevó y concretó esta medida cuando debió posicionarse con relación a la pena que debía acompañar a la acusación en el caso de terrorismo, en el sentido de que el Procurador General de Trump pidió la pena de muerte, pidió que se eleve a juicio con la pena de muerte y después el Procurador General de la administración Biden hizo lo propio. De modo tal que el debate sobre la pena de muerte puede ser teórico, lo entiendo, puede ser académico, puede ser de otra índole, puede ser moral, pero a los efectos concretos de este proceso la misma están parada por la Quinta Enmienda que justamente legitima la aplicación de la pena de muerte para casos gravísimos como es el caso de terrorismo que estamos analizando y por tanto no puedo decir más nada con relación a ese punto. No hay debate sino hay convergencia de posición institucional con relación a los fiscales y la fiscalía federal de los Estados Unidos que intervienen en este proceso.
– ¿Cómo está la Argentina en materia de persecución penal del terrorismo?
–La Argentina está muy mal en esta materia. Mal significa realmente que carece de una legislación acorde, primero con los tiempos en el sentido de que la Argentina ha adherido a todas las normas internacionales en esta materia. A las normas internacionales más importantes y además ha adherido a los mecanismos u organismos que también promocionan la armonización legislativa en esta materia como el GAFI. Quiero decir con esto que la Argentina no está a la altura de las circunstancias de ese acontecimiento internacional que le exige tener una legislación sólida y consistente en todos los aspectos que conciernen a la cuestión terrorista. Ahora eso no es lo que más me preocupa lo realmente más importante es que la Argentina no mira su pasado, traiciona su pasado porque en Argentina pasaron cosas muy graves. Los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA dejaron un saldo de una sórdida impunidad absolutamente impensable desde el punto de vista de lo que debería ser el resultado de una investigación de un ataque terrorista. Al punto tal que muchas de las autoridades responsables de la investigación terminaron procesadas y condenadas en este hecho porque no cumplieron con sus obligaciones y sus responsabilidades al momento de la investigación y el enjuiciamiento de los atentados.
– ¿Qué es lo que preocupa más de la Argentina en relación con la lucha contra el terrorismo?
– Lo que es preocupante de la Argentina es que no tiene una posición con relación a su historia reciente. Cuando aparece un episodio de esta envergadura, de esta naturaleza, víctimas del terrorismo internacional del nuevo terrorismo internacional, terrorismo de ISIS que produce víctimas en el exterior, víctimas argentinas. Ciudadanos argentinos fueron muertos alevosamente y familias argentinas quedaron privados de sus familiares viviendo en la Argentina. Entonces acá tenemos un claro ejemplo del vacío normativo institucional que hay. ¿Por qué? Porque obviamente las legislaciones y las normas de los países generalmente tienden a proteger a las víctimas nacionales, no hay una idea global de protección a cualquier víctima cualquiera sea su nacionalidad, y la Argentina no tiene, ya dije, ninguna legislación consistente, incluida no tiene además una legislación que proteja a las víctimas. Entonces este es un aspecto que excede el juicio en parte pero que nos tiene que hacer reflexionar porque en verdad ¿cuál es la protección que han recibido las víctimas?
En el caso de la familia que represento que es la familia Evans Mendoza no hay ningún caso en el que yo conozca que las autoridades competentes pudieran haber ofrecido ayudas consistentes que manda la ley. Entonces hay que reflexionar, y más que reflexionar poner a la política a trabajar de modo racional y consistente en temas que forman parte de la agenda global pero que forman parte también de la historia reciente de la Argentina.