En diálogo con Infobae el presidente de la Fundación FININT se refirió a la difícil situación que se vive en la provincia de Santa Fe a causa de la violencia que producen los grupos criminales que comercializan cocaína y paco. Advirtió que si no hay una pronta solución al problema la seguridad de todo el país se verá comprometida.
La Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) se encuentra actualmente abocada al diseño de un diagnóstico sobre la amenaza a la seguridad que implica la existencia de bandas criminales muy violentas que han elevado las tasas de homicidios a niveles nunca vistos en la Argentina –en Rosario existe una tasa de 22 homicidios cada 100.000 habitantes, cuando la tasa nacional es inferior a 5–. A partir de allí, la Fundación se propuso definir las medidas prioritarias que debe tomar el próximo gobierno provincial cuando asuma el 10 de diciembre de este año.
Infobae entrevistó a Juan Félix Marteau, presidente de FININT, quien mantiene un lazo estrecho con Santa Fe a partir de su vínculo con el caso de los rosarinos asesinados en un atentado en la ciudad de Nueva York, perpetrado por el terrorista uzbeko Sayfullo Saypov, condenado recientemente a 230 años de reclusión.
Dr. Marteau, ¿por qué la fundación que usted preside se ocupa del problema del narcotráfico en la provincia de Santa Fe?
En primer lugar, tenemos la expectativa de que los ciudadanos de Santa Fe pongan fin a la hegemonía de gobiernos que han fracasado sistemáticamente todos estos años en el ejercicio nuclear de la política que es darles seguridad a los ciudadanos.
Segundo, creemos que, si no hay una pronta solución al problema de la violencia en esta provincia, la seguridad de todo el país se verá comprometida. El peso específico que tiene Santa Fe en esta materia condicionará el éxito no solo del próximo gobierno provincial, sino también del gobierno nacional.
Tercero, estamos convencidos de que si se cambia el método de gestión de la seguridad y se cortan los lazos con los intereses que han gestado este estado de cosas, la política va a recuperar la iniciativa frente a esta amenaza del narcotráfico que recorre a toda la Argentina y hace eclosión en Santa Fe.
¿En qué sentido los gobiernos a los que alude son responsables de esta situación tan grave?
En los últimos diez años (2013-2022) fueron asesinadas más de 3800 personas en la provincia de Santa Fe. Esto significa, cerca de 1.100 homicidios más que en la década inmediatamente anterior (2003-2012), en la que hubo más de 2700 homicidios intencionales. En mi opinión, los gobiernos que se hacen llamar progresistas –en sus versiones socialista y peronista– que gobernaron Santa Fe son completamente responsables de tal desastre. Fracasaron en materia de gestión de seguridad, en primer lugar, porque adoptaron doctrinas completamente erróneas y contradictorias basadas en dos o tres ideas clave: primero pensaron que el delito es un “conflicto” cuyas raíces hay que buscarlas en inequidades estructurales de la sociedad, algo que es absurdo ya que cuando un sicario del narco mata a un niña que está esperando a un colectivo para ir a la escuela, lo único que existe es el quebrantamiento de la paz social y de la ley. En este delito no hay ningún “conflicto” entre víctima y victimario.
Segundo, entendieron que el sistema penal y de seguridad, no resuelve esa conflictividad preexistente, sino que la agrava, lo que implica otra idea trasnochada. El Estado no está para resolver conflictos imaginarios, sino para restablecer, con la pena, la confianza de los ciudadanos en la paz y la legalidad. Por último, el correlato de estas ideas condujo a los progresistas a deslegitimar permanentemente la actividad policial y de la justicia penal y, de esa manera, a restringir al máximo posible la represión de la delincuencia. Pensaron que eso era progresismo, sin embargo, lo único que hicieron fue montar un desarmadero del aparato de justicia y de seguridad del Estado y vender las piezas al mejor postor.
¿Considera entonces que la principal causa del fracaso es de orden ideológico?
En parte sí. Pero, en verdad, los gobiernos que han seguido la doctrina de este falso progresismo no fracasaron por una cuestión ideológica, sino por el método en la gestión de la seguridad. Lo que hay que cambiar es el método. Sin embargo, esto no significa desconocer que hay intereses materiales en juego que han contribuido a la crisis actual.
En Santa Fe, se partió la policía en varios pedazos; se cerraron comisarías en reformas que quedaron a mitad de camino; se desactivó la inteligencia penitenciaria, lo que permite a los líderes de las bandas criminales continuar con la planificación de la actividad delictiva; nadie sabe quién conduce las tareas de investigación; no hay propiamente inteligencia criminal, lo que se convirtió en una tarea nauseabunda.
Otra cosa muy llamativa: los gobiernos no invirtieron en tecnología aplicada a la seguridad y si lo hicieron, invirtieron mal. Por todos estos intersticios de un Estado roto, los agrupamientos criminales ingresaron a la política e hicieron valer su poder fragmentado, pero extremadamente violento.
¿Puede señalar algunos resultados del estudio que realizó la fundación?
Hemos logrado un buen diagnóstico de la crítica situación y estamos en condiciones decir cuales son las principales medidas prioritarias que debe tomar el futuro gobierno de Santa Fe. En los meses próximos vamos a tener consolidado un programa consistente que incluye mecanismos para una toma de decisiones eficientes.
Con relación a las bandas criminales, vemos grupos atomizados, sin capacidad de imponer hegemonía, pero muy violentos. Esto explica el caos en los territorios en los que actúan. Han montados una suerte de franquicias para la venta de cocaína y paco en áreas muy concentradas de las principales ciudades de la provincia, lo que hace evidente que el Estado claudicó en el dominio de la geografía urbana. Esto también muestra que en Santa Fe se consolidó un mercado de consumo de drogas importantes. Necesitamos con urgencia un estudio actualizado de Sedronar sobre este problema. Estamos tratando de reconstruir lo más precisamente posible el escenario de esta forma de esclavitud urbana.
Del lado del sistema de seguridad, todas sus verticales están gravemente afectadas. El Ministerio provincial de Seguridad es raquítico, sin volumen ni recursos económicos, humanos y tecnológicos. Ha perdido el control de la investigación criminal. Recordemos que el Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Seguridad, es el responsable primario por mandato constitucional de ejecutar un plan de seguridad eficaz.
¿La policía está corrompida?
Evidentemente hay oficiales que intervienen en los barrios críticos que directamente trabajan para el narco: trafican, recolectan y protegen. Pero hay otros problemas graves: grosso modo existen solamente 6.500 policías operando por turno en todo el territorio provincial, mal pagos, mal entrenados. Esto compromete completamente el policiamiento preventivo y de penetración. Lo peor de todo es el desánimo de la fuerza, la carencia de un liderazgo claro y la ausencia de reconocimiento a los policías que trabajan con verdadera vocación frente a delincuentes muy violentos. A ello se suma que la inversión en tecnología y recursos para la seguridad ha sido insuficiente.
¿Y el sistema penitenciario?
El sistema penitenciario está totalmente colapsado en más de 2.500 plazas y en vías a estallar si el flujo de ingresos continúa siendo positivo con relación a los egresos. Eso hace casi utópica la completa inhibición de las comunicaciones de los líderes de las bandas criminales que continúan administrando su negocio hasta el día de hoy. Este es un problema estructural que exigirá una inversión importante y urgente. El actual gobierno debería hoy mismo licitar la construcción de una cárcel provincial para por lo menos mil plazas.
¿Y el sistema de justicia penal?
En este vector tan importante tenemos buenas experiencias, pero también vacíos institucionales. La cooperación interagencial que ha propuesto la fiscalía federal especializada PROCUNAR muestra el camino a seguir. Si los fiscales continúan convergiendo es una estrategia conjunta con las agencias administrativas que tienen información y poder de policía, este tipo de criminalidad va ser sometida.
Hubo éxitos en el encarcelamiento de los principales líderes de las bandas criminales. Hay expectativas por los nuevos cargos dispuestos para el ministerio público federal, aunque me temo que eso pueda demorar en producir resultados. Lo que es urgente es la coordinación de todos los recursos investigativos que sortee los problemas de competencia que genera la circunstancia que el microtráfico es en principio federal y la violencia homicida es provincial.
Hay que volver a poner en discusión la adhesión a la ley de desfederalización en Santa Fe. Se necesitan equipos técnicos altamente profesionalizados para que todos los vectores del Estado identifiquen y desmantelen los canales por los que fluye el dinero producto de ese negocio ilícito. Aquí se juega buena parte del éxito. Todo aquel que lava dinero para el narco tiene que ser acorralado y castigado con todo rigor.
Es muy crítico el panorama. ¿Qué se puede rescatar de este “Estado roto”?
Confío que la política puede revertir este escenario, con el apoyo de la ciudadanía. En este último tiempo, hemos tomado contacto con mucha gente valiente en esta provincia. Hemos hablado con muchas madres que viven en los barrios más críticos de Rosario y todo el día luchan para que los delincuentes no sometan a sus hijos a la esclavitud del narcotráfico. Es muy importante escuchar que esta gente mantiene vivas sus expectativas en que los gobernantes asuman de una vez su responsabilidad en esta materia.
También hemos hablado con muchos jueces y fiscales que merecen todo nuestro respeto por su valentía, por jugarse, casi solitariamente, para que delincuentes muy violentos vayan presos. Creo además que Santa Fe tiene una sociedad civil tremendamente activa, empresarios, periodistas, que están llegando al límite y van a ser protagonistas de un cambio significativo en el cuidado del bien común. Hemos contado con el apoyo de funcionarios de la intendencia de Rosario, a cargo de Javkin y -debo resaltarlo- también de la administración Perotti: encontramos muchos dirigentes que están fuera de la rosca política, con mucha experiencia y muy comprometidos en hacer todo lo que está a su alcance para mejorar la seguridad para los ciudadanos de Santa Fe. Es imperioso no solo proteger a toda esta gente valiosa, sino sumarlos para una nueva gestión de la seguridad.
¿Puede explicar cómo la provincia que tiene el mayor problema de seguridad en la Argentina no tiene una ley de seguridad que ordene todos los factores de intervención sobre la criminalidad para prevenirla y reprimirla?
Cuando los autopercibidos “gobiernos progresistas” fragmentaron a tal punto la maquinaria estatal, todos los grupos políticos comenzaron a desconfiarse entre sí. Pensaron que, si un ministro de Seguridad podía hacer inteligencia criminal, la haría para perseguir al enemigo político antes que a los delincuentes. Es de esperar que la ciudadanía jerarquice la importancia del orden social e institucional y exija que todas las fuerzas políticas se propongan el objetivo imperioso de bajar los niveles de violencia. Confío que ese hecho se producirá en las próximas elecciones y pondrá fin a la hegemonía progresista que tanto daño ha hecho. El nuevo gobierno puede llamar al diálogo a todos, con excepción de los que sean socios de la delincuencia.
¿Podría mencionar algunas medidas prioritarias que la Fundación FININT propone en su programa?
Definimos una serie de medidas prioritarias, pero solo hablaremos de ellas si existe un cambio de tendencia política en el nuevo gobierno, si no tiraremos el programa a la basura. No hay problema. Pero puedo mencionar dos conceptos que ayudan a entender por dónde vamos.
Primero, es relevante recordar que la seguridad es una competencia provincial no delegada en el Gobierno Nacional. Esto significa dos cosas complementarias: por un lado, que el responsable primario de ejecutar un programa eficaz de seguridad para la provincia de Santa Fe es el gobernador; por otro, que la concurrencia del Gobierno Nacional a territorio santafesino debe ser específica, determinada y limitada según un acuerdo previo entre las autoridades provinciales y nacionales. Para hablar en criollo: hay que terminar con el lloriqueo de que el gobierno nacional no manda gendarmes y hacer que el próximo gobernador o gobernadora invierta todo lo necesario en reconstruir un sistema de seguridad acorde con la amenaza. Sabemos que la “solución” federal unilateral nunca funcionó. Santa Fe es una de las provincias más importantes de la Argentina, por su tradición y su presente: fue gestora de la necesaria pacificación que permitió la institucionalización del Gobierno Nacional y hoy es una de las más importantes productoras de riquezas del país. El próximo titular del poder ejecutivo provincial va a contribuir mucho a la reorganización de toda la estrategia de seguridad nacional.
Segundo, lo primario en cualquier acción de seguridad en la provincia de Santa Fe es recuperar, cueste lo que cueste, todos los espacios donde el narco es “dueño y señor”. Son muy violentos, pero no tienen la capacidad de imponer ninguna hegemonía. Por eso hay caos. Las normas que garantizan la libertad y el bienestar de los ciudadanos no significan nada en el caos. Sin orden, no hay nada. Esos espacios tomados por los bandas criminales que se dedican a la comercialización de cocaína y paco son los territorios urbanos, como ciertos barrios donde la policía no puede entrar o solo entra para ser parte del negocio ilícito.
Existen también los establecimientos carcelarios donde los agentes del servicio penitenciario han quedado subordinados a la tiranía de los líderes criminales “detenidos”. Son espacios estatales usurpados por los delincuentes. Además, existen otros espacios privados, más sumergidos, y por tanto, más invisibles, que escapan también a cualquier regulación y control estatal, permitiendo que circule libremente el dinero del negocio ilícito. Al imprimir orden en estos espacios, lo primero que va a lograrse es la disminución de la violencia que generan los delincuentes. Tenemos que asegurarnos de que la única violencia que se ejerza sea la violencia legítima del Estado en pos de la paz y la libertad de los ciudadanos.
