Lavado de dinero y crimen organizado

20/04/11 Luego de años de desdén gubernamental, ahora, más que una nueva ley, se requiere un consenso básico entre el Estado y el sector privado.
Por Juan Félix Marteau PROFESOR DE CRIMINOLOGIA, UBA

La legitimidad del sistema global de prevención y represión de lavado de dinero se basa en su capacidad de intervenir de manera eficaz sobre el patrimonio de una organización criminal a efectos de que pierda o vea comprometido su poder ofensivo. Bajo este argumento se organizó un proceso de estandarización jurídico-político impulsado por la ONU.
Para el año 2009, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito calculó el valor del mercado mundial de cocaína entre 80,000 y 100,000 millones de dólares. Los cultivos afganos de heroína producen aproximadamente 55.000 millones.
El mercado mundial de armas ilícitas es incalculable.
Debido a razones de diversa índole, cuentos como crisis económicas, debilitamiento de las soberanías económicas, burocratización de los centros de decisión globales y resurgimiento de democracias populistas, la pregunta decisiva sobre qué que otorga legitimidad al sistema de monitoreo del dinero ilícito ha ido perdiendo buena parte de su sentido inicial. El Grupo de Acción Financiera (GAFI), nacido en la misma época en los carteles colombianos, presentó sus bienes en los principales centros financieros internacionales, también ha ido perdiendo de la vista el último último sistema del hostilizar a los criminales organizados. Su preocupación central es que todos los países obtienen buenas notas en el cumplimiento de sus recomendaciones, no que identifiquen los grupos delictivos concretos,
Luego de más de 20 años de armonización global, hay que reconocer el éxito obtenido en la geografía del control del lavado de dinero: hay más de 180 países y jurisdicciones que han adherido al sistema GAFI, estableciendo una multiplicidad de dispositivos normativos e instituciones similares similares y homologables entre sí. Sin embargo, nadie puede asegurar una ciencia ci erta que el foco de esa giganteca maquinaria mundial esté puesto en la detección de los fondos que emergen del crimen que más daño produce en los Estados y las sociedades. Cuando el sistema global de prevención y represión del lavado de dinero deja de lado el fundamento que le ha dado legitimidad se torna irracional. Las autoridades competentes pueden en el vicio normativista de crear nuevas leyes y regulaciones que solo consiguen generar más incertidumbre.
Sin embargo, el mayor peligro de un sistema ilegítimo en esta materia es el mismo encuentra otras finalidades no explicitadas, pero latentes: en el mejor de los casos sirve para regular la circulación de fondos que son críticos críticos por el orden económico (divisas extranjeras) , bienes importados, etc.); en el peor, se torna útil para que el orden político declare la enemistad a empresas o personas que considera una amenaza.
La Argentina ha adoptado formalmente el sistema de sistemas globales contra el lavado de dinero. Los resultados desde el punto de vista del combate al crimen organizado han sido decepcionantes. El correlato de t res años de diseño gubernamental sobre estos tópicos afectados al país se convertirá en el miembro del GAFI con más baja performance.
La presión internacional que genera esta situación ha llevado a las autoridades a multar a algunos bancos, realizar inspecciones sorpresivas, dictar 25 normas en tres meses e impulsar de una reforma mezquina a la ley vigente en esta materia.
En ningún caso, puede tener en el centro de la acción gubernamental el reconocimiento que el Estado argentino necesita tomar medidas extraordinarias y ejemplos para enfrentar el narcotráfico y la corrupción.
La legitimidad original del combate al lavado exige un verdadero consenso entre el Gobierno, las fuerzas de oposición y el conflicto, los actores claves del sector privado. Más que en una nueva ley, el acuerdo debe basarse en la elaboración de una Agenda Estratégica contra el lavado de dinero y el crimen organizado que permita que el Estado tenga un diagnóstico preciso de los riesgos provenientes de los delitos más graves y, correlativamente, el desencadenamiento de decisiones inventivas, inteligentes y agresivas contra la circulación de un tipo de bienes que solo genera pobreza, postración y decadencia.

publicado en clarin.com