Por Hugo Alconada Mon para LA NACION
Con alusiones explícitas a la impunidad de la corrupción local y al asilo de un terrorista chileno, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) rechazó ayer a la Argentina que demuestre «con urgencia» su compromiso con la lucha antilavado en un plazo perentorio de poco más de 100 días.
De no hacerlo, ingresará en un proceso que podría llevarla a la lista «gris» de países bajo la lupa, con graves consecuencias financieras y bancarias.
La decisión del plenario del GAFI, confirmada por tres fuentes, terminó de darle forma al documento más crítico sobre un Estado miembro del grupo desde su creación, en 1989, ya que otros países que figuran dentro de su peor lista, la «negra» ( es el caso de Irán), no lo integran.
El ministro de Justicia, Julio Alak, admitió en un comunicado que la Argentina «ingresó en un procedimiento de revisión y recibió recomendaciones para fortalecer el sistema de control y sanción de lavado».
El informe resultó mucho más duro de lo previsto por los funcionarios argentinos, que habían viajado a París -donde el plenario debatirá hasta hoy- con la esperanza de morigerar algunos de sus contenidos más negativos. Pero lejos de mejorar algunas calificaciones, el GAFI ratificó todas las notas de la misión de expertos internacionales que vino al país entre 2009 y principios de 2010, y que LA NACION anticipó en abril pasado. Incluso empeoró una de las evaluaciones.
Como adelantó LA NACION el domingo, el reclamo «involucramientos a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los gobiernos provinciales, los entes reguladores y al sistema financiero público y privado», según reconoció Alak.
Durante el debate en París del «caso argentino», la discusión abordó incluso ejes inesperados para la Casa Rosada. Entre otros, se aludió al reciente asilo político otorgado al guerrillero Galvarino Apablaza como prueba de la discutible cooperación de la Argentina en la lucha contra el terrorismo internacional, otro eje bajo la órbita del GAFI.
«Los argentinos se hundieron solos», graficó una fuente. «La decisión del asilo fue muy crítica porque resultó poco inteligente. Al menos podría haber esperado dos o tres semanas más y comunicarla después del plenario del GAFI», argumentó.
En el informe final sobre la Argentina, podría difundirse hoy, ver otro frente abierto de la clase política y empresarial local: la corrupción. Apoyado en informes de organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la evaluación remarca la impunidad existente en este tipo de delitos.
Tras la aprobación del informe, el debate en París pasó a centrarse sobre qué medidas adoptar con la Argentina, con dos vertientes. La primera, algunas más sin demoras en el país al Grupo de Revisión de Cooperación Internacional («ICRG», en inglés) que podría desembocar en breve en su ingreso en la «lista gris».
La segunda opción -la que terminó por aprobarse-, consistió en darle plazo hasta febrero próximo para que el Estado argentino demuestre su voluntad de cambio y, si no, algún momento entonces ese proceso más intenso y duro de revisión del ICRG.
«Con urgencia»
A cambio de adoptar el camino más largo, sin embargo, el coordinador nacional de la Argentina ante el GAFI, Alejandro Strega, aceptar que se envíe una carta a Buenos Aires -en rigor, un emplazamiento formal para ese proceso de revisión-, para que el Gobierno ajuste «con urgencia» el sistema local a las 49 recomendaciones del Grupo.
Ese acoplamiento de la Argentina a las exigencias del GAFI, sin embargo, representa un desafío mayúsculo para el país. Entre otros motivos, porque deben negociar y aprobarse en el Congreso varios proyectos de ley, por ejemplo, de reorganización de la política Unidad de Información Financiera (UIF).
Tanto Strega como el actual titular de la UIF, José Sbattella, solo obtuvieron un pequeño logro: al analizar el cumplimiento de la «recomendación 29», la misión estimada de la UIF basada en facultades legales para llevar adelante inspecciones. Ante el planteo de que eso podría sustentar las impugnaciones de bancos u otros sujetos bajo revisión, el pleno acepta cambiarla por una expresión más ambigua, sin concluir si la Unidad cuenta con esa facultad.
El saldo final, sin embargo, resultó peor, para la delegación argentina. Al llegar a París, el borrador sobre el país registra dos recomendaciones como «cumplidas», dos «mayormente cumplidas», 22 «parcialmente cumplidas» y las 20 restantes «no cumplidas», según consta en el informe que obtuvo LA NACION. Pero tras el debate, el plenario bajó la calificación en la «recomendación N ° 10», que aborda la «guarda de documentación». Pasó de «mayormente cumplida» a sólo «parcialmente cumplida».
«La Argentina quedó ahora como el país con peores calificaciones entre todos los miembros del GAFI», destacó el ex coordinador nacional, Juan Félix Marteau. «Esta es otra oportunidad perdida porque durante la gestión de Néstor Kirchner se había fijado una« agenda nacional »que ahora le reclaman al país. Se tiraron por la borda dos años», lamentó.
CONSECUENCIAS
- Revisión . El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le dio un ultimátum a la Argentina para que en 100 días demuestre su voluntad en la lucha contra el lavado de dinero.
- Proceso . El Gobierno tendrá hasta febrero para encuadrarse en las recomendaciones del organismo internacional. En caso de no cumplir, podría ser requerido un país de riesgo.
- Qué es GAFI . Es un organismo intergubernamental establecido en 1989 por el G-7 (las naciones más poderosas en términos económicos). Su propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacionales e internacionales, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La sede del organismo está en París, donde se conoció ayer la advertencia sobre la Argentina.
EN NUMEROS
49
- Recomendaciones deben cumplir los países del GAFI.
42
Son las que incumplió, total o parcialmente, la Argentina
