13/05/16

Los jueces necesitan más recursos para combatir el Lavado de dinero

Profesor de criminología y asesor internacional en delitos complejos, dirige en la UBA la quinta edición del Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Además, se explica sobre su designación como Coordinador Nacional en la materia y su interacción con el Poder Judicial.

marteau-entrevista

Los delitos complejos y su vínculo directo con el lavado de dinero se han convertido en grandes desafíos que enfrenta los Estados en el mundo. Con frecuencia causas que conmocionan a la opinión pública, la Argentina es un caso testigo de la proliferación de ese fenómeno y de ahí la necesidad de una actualización técnica permanente. Con ese propósito, desde hace cinco años, Juan Félix Marteau dirige en la Universidad de Buenos Aires (UBA) un Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, con un plantel de profesores con vasta experiencia en distintos campos de acción . El propio Marteau acredita antecedentes como profesor de Criminología de la UBA, creador de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT),

“Es un orgullo para nosotros realizar un posgrado que tiene mecanismos globales. Participan todos los sectores con experiencia en el sistema argentino anti-lavado de activos y de combate al terrorismo: jueces, fiscales, legisladores, periodistas, reguladores, expertos internacionales. Al mismo tiempo, nuestros alumnos son profesionales del sistema, con el agregado enriquecedor de que los profesores aprendemos mucho de ellos. Nuestro progreso en esta materia se dio en un contexto político en el que se malversaron los recursos del Estado de manera absolutamente ilegítima. En la Argentina tenemos ahora recursos humanos que han tomado nota de la importancia estratégica que tiene este tema ”, dice.

El Programa de Actualización 2016 / UBA se cursa de abril a diciembre en la Facultad de Derecho, con un total de 128 horas cátedra. Los magistrados Mariano Borinsky, Claudio Bonadio, Ariel Lijo, Raúl Pleé y Claudio Gutiérrez de la Cárcova; y los ministros Germán Garavano (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad), entre otros, forman parte del personal de 50 profesores.

– ¿Cómo se trabaja en un campo como el lavado de activos, que requiere una actualización permanente, muchas veces con nociones que están más allá de los márgenes del Derecho?

– Estamos en una materia típica del siglo XXI, donde los instrumentos del Derecho con los que pensamos estos temas son del siglo XIX. Tenemos dispositivos jurídicos muy anticuados, por lo que estamos en una etapa de mucha invención en esta materia. Nos preguntamos cómo una estructura de enjuiciamiento criminal, el funcionamiento del Estado, en términos de secreto e imposibilidad de compartir información y uso de todos los recurrentes del Estado para conjurar este tipo de problemas continúa trabajando, no se puede desplegar. Los contornos no están muy claros. Estamos hablando de lavados de activos vinculados a pequeños delitos o delitos mayores, narcotráfico, corrupción sistémica, tráfico ilícito de bienes o personas … En ese sentido tenemos un enlace enorme: el crimen organizado. Por otro lado, Los ensayos internacionales nos llevan a la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. En ese metro cuadrado, se sumaron temas de mucha densidad y hay que tomar decisiones muy relevantes.

– Así como se puso el foco en los hoteles, en las conversaciones cotidianas son habituales las sospechas de lavado de dinero ante una persona que se enriqueció repentina- mente. ¿Se puede tener hablar de pequeñas escalas que fomentan la actividad?

– Hay situaciones que son solo fruto de la impunidad o la percepción de impunidad que hay en estos temas. Mecanismos que son de manual, que solo consiguen abastecer o dar cobertura a una parte muy pequeña de este gran negocio que estamos descubriendo ahora. Lo de los hoteles parece hasta una parte caricaturesca, porque, por caso en nuestro país, estamos tirando la cuerda de sumas de manera segura, tanto en el caso de Lázaro Báez como en el de Cristóbal López.
Asimismo, es evidente que en determinados países o regiones, la magnitud de la economía informal es un lugar fascinante para el lavabo. El dinero negro que no tributa y que tiene un grado determinado de aceptación social, aunque no hay venga del crimen, es un caldo de cultivo para que los lavadores se instalen. Ahí hay una complejidad. Así es que las acusaciones de «cualquiera lava plata» se han puesto un poco de moda. Son eslóganes que hay que evitar. Es muy difícil combatir el lavado de activos en una economía alternativamente informal, como tenemos en buena parte de Latinoamérica. Por lo que también hay que tener en cuenta aspectos culturales en estos temas. No obstante, en términos legales y técnicos, lo que más nos interesa es encontrar los grandes patrimonios que se conforman del crimen organizado.

– ¿Cuánto hay de falta de herramientas y cuánto de falta de voluntad para atacar estos temas?

– Para ser franco, en materia técnica estamos un paso atrás de los avances y las tipologías que nos plantean los lavadores y financistas del terrorismo, que han demostrado una dinámica sorprendente. Redes no demasiado importantes consiguen mover cantidades significativas de dinero. Cuesta desarticularlas porque muchas veces los Estados no cooperan con el vecino, se demoran las respuestas de las organizaciones internacionales por un coma mal puesta … Hay cosas que son bastante demenciales incluso cuando los Estados están amenazados.
En lo que se refiere a la voluntad, en ningún país tomado en parte más o menos significativo por la corrupción sistémica, existe una acción contra el lavado de dinero. Si el Estado consigue luchar con el narcotráfico, en dos minutos consigue luchar contra los crímenes sistémicos. La financiación de las campañas políticas en nuestra región, las flaquezas que tiene el Estado. Los financistas son los que están en la corrupción sistémica o el narcotráfico. A partir de ahí ya se doblega de la voluntad política.

– El gobierno anterior instaló el procedimiento y el actual esbozó una idea de crear un nuevo combustible federal solo para delitos complejos. ¿Cómo ve la evolución en ese sentido?

– El legado del gobierno anterior es desgraciado en relación a lo que dejó en la Procuración General de la Nación: militantes políticos a cargo de la investigación criminal, con el único protocolo de ataque o investigación al enemigo, no a quienes se quedaron puestos al país Con ellos es difícil trabajar; no se puede hablar técnicamente, solo se puede hacer política. Para determinar el marco de trabajo, es necesaria una estrategia nacional, una muy buena evaluación de los riesgos que existen en esta materia. Esto en la Argentina hasta ahora no existe, no hay ningún plan maestro, ningún diagnóstico de riesgo. Todo lo contrario, el gobierno anterior nos dejó un diagnóstico distorsionado, que dice que no hay narcotráfico duro en el país,
Mi objetivo a cargo de la Coordinación Nacional es aportar una visión omnicomprensiva de los delitos complejos, dar una direccionalidad, que los componentes y privados con competencia en esta materia pueden funcionar sistemáticamente. Un segundo vector es la reforma legal, necesaria en la Argentina para adecuar nuestra legislación a nuevas exigencias en la materia, y una rápida derogación y actualización de esa desgraciada ley que nos dejó el Gobierno anterior acerca de la financiación del terrorismo. Un tercer tema, muy importante también, es el del
mundo, para entender cómo es que circulan flujos. Tenemos que tener actores capacitados de dar cuenta de esta complejidad. No basta sólo un contador sepa leer
una declaración jurada …

– ¿Cómo será la interacción con el Poder Judicial?

– El objetivo es dar apoyo absoluto a los jueces federales en relación con todos los delitos complejos que necesitan, para que los juicios se lleven a cabo en un tiempo razonable y para que haya respuestas de réplica con los responsables. Va desde una visión global hasta temas de índole operativa. La sociedad les exige a los juegos rápidamente de restitución, pero, seamos sinceros, desde la política no se los ha dotado de los recursos necesarios. Así, la demanda se transforma en inconsistente. La meta, a todo nivel, es mostrar que el modelo de enriquecimiento de la nada y poder vivir de dinero ilícito es un proyecto fracasado.

Fuente: Revista AMFJN