Tribuna La Argentina está por conseguir una venia en el GAFI para salir de la lista de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero. Sin embargo, las acciones oficiales tienen más que ver con la mentira y la publicidad infamante que con un verdadero ataque a las transacciones oscuras.
En el último plenario, celebrado en París en junio pasado, el Grupo de Acción Financiera llegó a la conclusión de la Argentina al encontrar en condiciones de ser excluidas de la lista de “países que tienen deficiencias sistémicas” en sus políticas antilavado de activos y contra-financiación del terrorismo.
Con el apoyo de Brasil, México y GAFILAT, los representantes argentinos programan una reunión para septiembre a los efectos de los evaluadores que confirman los avances que justifican esta medida.
El realismo, decía Raymond Aron, es la prevalencia de la observación objetiva sobre la valoración ética. Desde este punto de vista, hay que reconocer que la venia del GAFI debe ser reconocido como un triunfo significativo para los responsables gubernamentales que dejarán al país tanto tiempo en una posición internacional deplorable. La misma perspectiva permite considerar el costo de credibilidad que esta decisión genera para el organismo global: sus líderes que pueden explicar por escrito cómo funciona el misterioso arte que puede eliminar la realidad las mentadas inconsistencias “estructurales” que hicieron tan poco confiables el sistema nacional en la materia.
No se puede olvidar que la situación argentina en este campo es inédita, por lo menos regionalmente: nuestra administración “nacional y popular” tuvo la habilidad de reconvertir la fuertísima presión externa por mayor transparencia y eficacia en el control del dinero ilícito en la justificación más perfecto para crear una maquinaria político-ideológica al servicio de la militancia.
Esta realidad desmiente el criterio mágico del GAFI. En materia de lavado, se han impuesto multas millonarias a varias entidades financieras en casos prescritos al efecto de ampliar la estadística. Ello multiplicó los informes de operaciones sospechosas a la UIF, que ha detectado una incompetencia deliberada a la hora de analizar la información sobre hechos de corrupción y narcotráfico.
Además, este organismo estatal, asociado a la Procuración General de la Nación, ha intervenido en denuncias y querellas criminales a grandes empresas cuyo resultado inmediato no ha sido otro que la publicidad infamante (violando la confidencialidad) a través de la prensa adicta y sitios web de corte paraestatal.
La task force que conforman expertos y fiscales ad hoc (quienes, a pesar de las responsabilidades asumidas, no han pasado por ningún concurso de antecedentes) solo procuran sembrar zozobra en los actores públicos y magistrados judiciales.
Como si esto fuera poco, en esta última etapa, se han multiplicado los consultores que, peor que carroñeros, salen a vender protección estatal ante eventuales inspecciones. En la justicia criminal, sin embargo, no hay ningún apoyo oficial contundente para que los jueces puedan llegar con celeridad a los patrimonios de la poderosa criminalidad de redes que corroe directamente las entrañas de la sociedad y el Estado.
En materia de financiación del terrorismo, los congelamientos de activos practicados sobre cuentas sueltas de pensiones y otros familiares de militares prófugos en causas de lesa humanidad fueron fulminados de nulidad absoluta por el Juez y la Cámara Federal intervinientes. Se concluyó que las autoridades administrativas son “ignorantes de la ley” por considerar “terrorismo” eventuales delitos que ocurrieron hace más de 30 años (cuando no había calificado penalmente similar).
Otra muestra de abuso de poder realizado en nombre de una Nueva Justicia Legítima.
Este gobierno, además, se encargó de vaciar la Estrategia Nacional, aprobado en 2007, un breve, pero interesante ejercicio de racionalidad política orientada a determinar son las amenazas reales que se deben conjurar con inteligencia financiera y represión penal.
También se destruyó toda posibilidad de tener un diagnóstico relativamente certero sobre los delitos previos al lavado. El sistema de estadística criminal, que funciona en el Ministerio de Justicia, fue oscurecido y manoseado, tal como sucedió con otras fuentes públicas.
Según Max Weber, en la política, es muy difícil eludir el hecho de que para conseguir multas “buenos” hay que contar en muchos casos con medios moralmente dudosos.
En el llamado escenario de la “gobernabilidad global del delito” esto no es una excepción. Mientras tanto, en la Argentina concreta, descreída y hastiada, hay que admitir que todo lo que aquí se ha dicho no tiene ninguna importancia.
Fuente: Clarín
Autor de la nota: Juan Félix Marteau
