Normas sin estrategia
por Juan Félix Marteau *
Para LA NACION
Sábado 22 de enero de 2011, Publicado en edición impresa
Dos intensos años de ausencia de políticas públicas consistentes en materia de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo han llevado a la Argentina a convertirse en el país con el peor rendimiento de todos los nucleados en torno al Grupo de Acción Financiera. El efecto perverso más evidente es que el país vuelve a ingresar en el vicio normativista de dictar una innumerable cantidad de regulaciones y controles formales sobre el sector privado con la sola pretensión de que esto pueda ser considerado por la comunidad internacional como una acción efectiva contra el crimen organizado.
Ninguna de esas normas de la UIF – dictadas de apuro para evitar reprimendas fuera de casa- va a modificar un ápice la incapacidad del Estado argentino para combatir la criminalidad financiera trasnacional. La razón principal radica en que no existe en la Argentina una estrategia política que identifica concretamente las amenazas verdes que padecen los argentinos en materia de crimen complejo. ¿Qué peso específico tienen, en términos criminológicos, los delitos graves en lo que concierne a la producción de dinero ilícito? Y, más específicamente, ¿qué son los instrumentos y mecanismos legítimos que utiliza esta criminalidad de grupos para reciclar y dar apariencia de legalidad al dinero espía que produce? Son preguntas ignoradas o sin respuesta.
La comunidad internacional nos advierte del incremento reciente del narcotráfico, la corrupción, el contrabando y la piratería, pero es el gobierno nacional a quien compite elaborar el mapa más certero posible para cumplir con el objeto de la lucha contra el lavado de dinero: que las investigaciones sobre el patrimonio de los delincuentes permiten desmantelar las empresas criminales, privándolas de sus ganancias.
El escenario más favorable para el lavado de dinero es la economía informal o subterránea, no el sector privado que produce la riqueza legítima, pero cabe a las instancias gubernamentales, y en la medida de lo posible, terminar con todos los gobiernos que hacen circular enormes masas de dinero a la vista de todos sin que nadie conozca quienes son los beneficiarios reales del negocio (por ejemplo, mercado negro de divisas, financieras con fachada de cooperativas, transacciones de acciones a través de sociedades sin regulación e inversiones inmobiliarias a través de empresas fantasmas)
Para evitar que estas normas sirvan únicamente para controlar el patrimonio de los ciudadanos y restringir la circulación del dinero gestado lícitamente hay que retornar a una iniciativa olvidada, pero que había afectado a sus frutos en la administración anterior: es necesaria una acción coordinada al máximo nivel político, incluida la Presidenta -a través de una Estrategia
Nacional-, que relegitime la lucha contra el lavado de dinero en el sentido que los únicos perjudicados sean quienes viven del dinero que genera pobreza, inseguridad y caos.
* El autor es profesor titular de Criminología (UBA) y especialista en criminalidad financiera
publicado en el diario La Nación.
