Lo explicó, en diálogo con Infobae, Juan Félix Marteau, especialista en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Cuáles son los vínculos del terrorismo con el crimen organizado
Juan Félix Marteau, especialista en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Alejandro Beltrame)
“El avión venezolano-iraní quedó varado en “suelo amigo” por obra de la Providencia, no por el Estado argentino”, afirmó en diálogo con Infobae el abogado experto en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Juan Félix Marteau.
La aeronave en cuestión pisó suelo argentino el lunes 6 de junio a las 12:12 en el aeropuerto Ambrosio Tallavera de Córdoba cuando se desvió de su destino original que era Buenos Aires. Luego de permanecer dos horas en esta estación despegó rumbo a Ezeiza donde pasó dos días sin que las autoridades argentinas advirtieran que tanto el avión como la empresa iraní propietaria figuran en el listado de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros – Office of Foreign Assets Control), sospechadas de tener vínculos con el terrorismo. La tripulación presentó un plan de vuelo para partir el 7 de junio pero el Jumbo no pudo despegar ese día porque las petroleras que operan en Ezeiza se negaron a cargarle combustible. La empresa propietaria de la aeronave está en la lista de la OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Operar con una empresa incluida en esta lista o prestarle algún tipo de ayuda implica exponerse a una sanción.
Ante la falta de combustible, los tripulantes decidieron entonces volar a Uruguay para aprovisionarse allí, pero el vecino país, alertado por la inteligencia paraguaya, le negó el acceso a su espacio aéreo. Obligado a volver a Ezeiza, recién en ese momento el gobierno argentino activó los controles sobre la tripulación y por orden de la Justicia el Boeing quedó retenido. Durante los dos días que permaneció en Ezeiza se desconoce qué hicieron los tripulantes, con quién hablaron y si realizaron algún movimiento de activos.
Avión iraní-venezolano retenido en Ezeiza
Infobae consultó al abogado Juan Félix Marteau, director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH) de la Universidad de Buenos Aires sobre el funcionamiento de las sanciones financieras definidas por la OFAC, la vinculación que tienen el crimen organizado y el terrorismo, y qué ocurre con las empresas que prestan colaboración a quienes figuran en el listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros como es el caso del avión retenido en Ezeiza.
— ¿Cuáles son los vínculos entre el terrorismo y el crimen organizado?
— Inicialmente el terrorismo persigue fines político-ideológicos que intentan conmover el orden establecido en una sociedad determinada. El crimen organizado persigue finalidades económicas, rentabilidad en sus negocios. Por lo tanto, siempre se pensaron con como dos problemas separados, sin embargo en la actualidad el terrorismo necesitado de fondos que suplan el financiamiento estatal como se daba en la década del 70, de los 80, necesita articularse con estas actividades del crimen organizado, básicamente el contrabando, el narcotráfico. Actualmente en todos los grupos terroristas a lo largo y a lo ancho del mundo vemos que hay una alianza táctica muy importante en este punto. El terrorismo necesita asociarse a las rutas del contrabando, necesita asociarse a la compraventa, al comercio, ilícito de cocaína y eso sucede en con Al Qaeda en África, con Hezbollah en distintas partes del mundo. Eso está probado, es un hecho. Por lo tanto hay un nuevo vínculo, que es un vínculo que tiene que ver con esta finalidad táctica de obtener dividendos frente a protección, frente a la evitación de mayor conflictividad para los grupos que organizan las rutas de las mercaderías ilícitas.
— El avión retenido en Ezeiza está en las listas de la OFAC ¿Qué es la OFAC y cómo nacen estas listas?
— Es importante tener en cuenta que los Estados Unidos por su poder y en un momento digamos por su momento de poder unipolar han utilizado todos los mecanismos necesarios para resguardar la seguridad nacional, para resguardar sus intereses; así actúa un estado poderoso. Hay otros países que por no poseer este poder solamente acompañan, acompañan los estándares. Tenemos un país como Estados Unidos que es el productor de estándares internacionales y tenemos países como la Argentina que acompañan y muchas veces mal y tardíamente los estándares internacionales en esta materia. La OFAC es un buen ejemplo de esto. Es una oficina que actúa sobre activos extranjeros de entidades o personas designadas por la administración de los Estados Unidos como amenazas directas a la seguridad nacional de ese país con el objetivo de congelarle o bloquearle los fondos a estas personas o entidades designadas. Es un organismo que está alojado dentro del Tesoro de los Estados Unidos, muy poderoso, y que cumple los mandatos de distintas órdenes ejecutivas o decretos de los presidentes. En el caso del avión, está cumpliendo con una lista elaborada en función de una orden ejecutiva de George Bush hijo, la orden 13.224 que, justamente, destaca dos cosas muy importantes: por un lado, la necesidad de nominar a toda amenaza a la seguridad de los Estados Unidos por parte de personas o entidades que las distintas agencias y organismos de la administración americana han detectado como una amenaza terrorista por haber cometido actos de esa índole o bien por generar un alto riesgo en esa dirección y, en función de eso, advertir al resto de los países a que presten su colaboración en este sentido a los efectos de ser efectivos en la detección y posterior congelamiento de sus bienes. Así opera la OFAC. La pregunta es: ¿nosotros estamos obligados a cumplir con normas o mandatos del derecho interno de los Estados Unidos? Bueno, desde el punto de vista estrictamente jurídico-normativo. la Argentina como país soberano no está obligado a aplicar los mandatos de OFAC. Desde el punto de vista del realismo político, la respuesta es obvia: la Argentina como el resto de los Estados débiles tiene que decidir qué grado de colaboración brinda a estas iniciativas; es un punto clave de realismo político. La Argentina lamentablemente parece haber perdido el criterio del realismo político en defensa de los intereses, no de los Estados Unidos, sino de los intereses nacionales. Un país que ha sufrido dos atentados tremendos por parte de Hezbollah con la organización de Irán encuentra definitivamente un punto de conexión, de interés, con los Estados Unidos que han declarado su hostilidad de manera ostensible a ambas entidades: la República Islámica de Irán y a Hezbollah libanés que es el brazo a través del cual hay un nexo para provocar violencia y terror en determinada sociedades. Entonces permitime decirte que desde el punto de vista del realismo político nosotros deberíamos considerar bajo qué modalidad y en qué oportunidad debemos colaborar y tener en cuenta las advertencias de la administración de los Estados Unidos sobre estas medidas tan duras contra el patrimonio y los bienes de estas entidades o personas designadas.
— Argentina tenía acceso al listado de la OFAC ¿lo usó?
— Las autoridades argentinas no usaron la lista de OFAC para detener un avión que estaba en esa lista pública, que pertenecía a una compañía iraní que es de conocimiento público que estaba listada y que, por lo tanto, de conocimiento de cualquier particular. Yo mismo en mi estudio jurídico uso habitualmente las listas para el chequeo de personas o entidades que van a realizar determinados negocios con nuestros clientes. Por lo tanto, si yo como particular tengo acceso a esas listas que son una fuente pública, ¿cómo el Estado argentino no tenía la lista? Es evidente que el avión fue detenido y está en Ezeiza a disponibilidad de la Justicia argentina por dos razones: una la ley física que indica que los aviones tienen que cargar combustible antes de volar, y la lex mercatoria que implica que determinadas empresas que no son particularmente sujetos obligados a informar operaciones sospechosas a la UIF. Sin embargo, la lex del mercado indica que, por sus contratos, por sus relaciones con otras empresas, están obligados a realizar un compliance, una debida diligencia de sus clientes y de sus proveedores. Entonces el compliance de las compañías que debían cargarle el combustible a este avión hizo que dijeran “no podemos hacerlo porque vamos a sufrir un cimbronazo, un efecto perverso con relación a la nominación que se ha hecho del avión y de la empresa”. Las autoridades que pusieron a funcionar esta alianza iraní-venezolana a través de convenios determinados para que un avión, un 747, realice operaciones de comercio exterior transportando distintos bienes, vaya a saber cuáles, autopartes, cigarrillos, activos ilícitos, no lo sé, pero las autoridades que tomaron la decisión de poner en juego ese avión, hoy deben estar pensando que perdieron un 747, nada menos, que en “suelo amigo”. Porque efectivamente el avión está detenido, repito, no porque funcionó la ley estatal de la Argentina, las distintas normativas y dispositivos de control estatal. Eso fue un efecto del funcionamiento de la ley física -carga de combustible- y de la lex mercatoria que dice “no se puede comerciar con terroristas porque sufrimos sanciones”.
— ¿Cómo funcionan las sanciones financieras selectivas con las compañías que colaboren con los que están en la lista de la OFAC?
— Existen repercusiones de orden económico-financiero con relación a todos sus vínculos con empresas y con el gobierno americano. Si el gobierno americano te está diciendo estos señores y estas entidades son terroristas para los Estados Unidos y por lo tanto ordenamos el congelamiento de los bienes de estas personas o entidades, es obvio que si vos no lo hacés vas a poder sufrir una sanción, entrar en un listado de no recomendación por no estar cumpliendo procesos de debida diligencia de tus clientes y de tus proveedores. Por lo tanto, las empresas no piensan demasiado, funcionan casi automáticamente, no sólo con las listas de OFAC sino con las listas de los países que se han tomado el trabajo de elaborarlas.
— Hay un proyecto para ampliar la competencia de la UIF, ¿es recomendable?
— Mi experiencia tanto en el sector privado, como abogado especializado en esta materia, como en la administración pública, me permitieron entender que la Argentina es un país que corre detrás de las circunstancias y hace caso omiso a la lógica de la detección directa de la amenaza que tenemos para nuestros intereses nacionales. Acá es clave para un país, entiendo, tener una definición sobre cuáles son las amenazas a su seguridad nacional, a sus intereses nacionales. El problema no es sólo el terrorismo -ya fuimos víctimas de dos ataques tremendos hace no demasiado tiempo-, sino también el narcotráfico, el contrabando, los atentados tremendos que sufrimos en materia de depredación de nuestros recursos naturales. Argentina es un país que debe tener una determinación con respecto a qué hacer y cómo evitar estos hechos contrarios a los intereses de la Nación. La Argentina, como país que ha perdido el rumbo en muchas ocasiones, tiene problemas estructurales, ya no es un problema de un gobierno. Lo que ha hecho es correr detrás de las circunstancias en el sentido de que cuando viene una evaluación internacional, en este caso está viniendo la evaluación de GAFI, bueno rápidamente se articula o determinados funcionarios intentan, en un esfuerzo importante, articular acciones y producir lo que siempre hacemos que son reformas legislativas, leyes, normas. Pero lo más importante son las decisiones políticas, el orden institucional; eso es lo que permite decir que tenemos derecho, no una norma sancionada en una coyuntura dada porque finalmente las normas -tenemos un montón en la Argentina- luego no se aplican o están mal hechas porque son de apuro. Entonces, como siempre en esta materia, cuando viene una evaluación de GAFI, reaccionamos, producimos o queremos poner en funcionamiento determinados dispositivos.
Juan Félix Marteau, especialista en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Alejandro Beltrame)— ¿Por ejemplo?
— Recientemente el Poder ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley sobre sanciones financieras selectivas. Ya veo un problema porque la autoridad que se haría cargo de acuerdo es la UIF. Si pretendemos que la UIF sea un pequeño gran monstruo, podemos seguir asignándole funciones que distorsionen su obligación nuclear que es la de producir inteligencia financiera. Entonces ya le asignamos a la UIF la facultad de querellar, facultad que no tiene ninguna UIF en el mundo. Lo hicimos con la finalidad de hacer política facciosa y perseguir a los enemigos internos del gobierno, cualquiera sea. Todos se llenan la boca para decir “bueno, vamos a reformar esto cuando tengamos el poder” pero cuando tienen el poder le piden a la UIF que use este instrumento para hacer una persecución interna del pequeño enemigo interno faccioso, dentro o fuera del gobierno. Además la UIF ya tiene múltiples funciones que exceden su obligación nuclear que es producir información financiera de alta calidad, para que la Justicia, los jueces y fiscales, hagan uso de ella y, además de condenar a los responsables del crimen organizado o del terrorismo, puedan intervenir para congelar o decomisar los bienes, o sea, para romper la estructura económico patrimonial de una organización dada. Por lo tanto, está mal que se pretenda darle más funciones a la UIF, sin discusión con la sociedad civil, con los expertos del Estado argentino, con las universidades, sin una discusión seria. Ya tenemos una experiencia. Es lo mismo que si la OFAC en Estados Unidos no existiera y fuese FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros) la que se ocupase de desarrollar las sanciones financieras selectivas; tendríamos un problema ahí. Desrecomiendo esa salida. Abogamos para que, en los procesos de recuperación de la estatalidad de una Argentina corroída por la corrupción, por el manejo completamente desorientado de muchos funcionarios que ocupan cargos centrales, haya un organismo del Estado, en el corazón de la administración, que defina y determine quiénes son los enemigos a los cuales debemos hostilizar desde el punto de vista estatal. ¿Quiénes son los criminales, narcotraficantes, contrabandistas, terroristas, que consideramos enemigos de la Nación y cuyos bienes por lo tanto vamos a congelar? Esto no lo puede hacer un organismo que hace inteligencia financiera como la UIF, lo tiene que hacer un organismo similar a la OFAC que tenga un verdadero protocolo, un sistema que dependa de la centralidad del poder presidencial para tomar decisiones. Los gobiernos argentinos al fin de cuentas terminan trabajando en la superficie de esta materia que es altamente crítica para defender los intereses de la nación. La globalización jurídica y política y sobre todo la lucha contra lavado de activos y la financiación del terrorismo, puede ser entendida en dos sentidos. La izquierda dormida o los liberales, ¿qué hacen? Acompañan los mandatos de los países poderosos que dicen “este es el camino para la lucha contra el crimen o el terrorismo internacional”. Los países serios, los que entienden que lo más importante para el país es el resguardo de los intereses nacionales, una verdadera posición nacional, entienden que la globalización es una oportunidad para desarrollar herramientas propias para resguardar, de nuevo, el bien común, nuestro estado de cosas, nuestro territorio, nuestros recursos naturales y, lo que es más importante, la seguridad de nuestra comunidad política. Este es el sentido más interesante y productivo de la globalización porque es, de alguna manera, mirar cuáles son mis necesidades y en función de mis necesidades aliarme -son alianzas coyunturales de intereses- con aquellos países que, bueno, tienen el predominio global en esta materia.
