Una doctrina contra el terrorismo

Juan Félix Marteau
Abogado y doctor en sociología. Coordinador nacional para el combate de la financiación del terrorismo.

El terrorismo constituye una coacción directa a las instituciones jurídico-políticas de un Estado. Su gravedad reside en la violencia que imprime no solo en el mundo empírico, con su saldo de muerte y destrucción material, sino también, esencialmente, en el mundo de la cultura al poner en entredicho el modelo de vida que propone el orden normativo para lograr que la convivencia sea posible.

La cuestión terrorista interroga, por tanto, el propio corazón del derecho y la política, concebidas estas esferas como los aspectos privilegiados en la que opera la conversión del individuo vivo, como criatura psico-física, en una persona racional, socialmente responsable.

Los balbuceos, las oscilaciones y las aporías que padecen cuando intenta comprender el efecto devastador que produce el terrorista tienen que ver con este desafío: cómo reaccionar racionalmente ante un acto que pretende erigir como criterio de referencia justamente la negación del otro, del que le resultó distinto

Con toda evidencia, la perplejidad que genera esta circunstancia lleva al pliegue y la respuesta del dispositivo estatal, al punto de debilitar la justicia y al riesgo la impunidad.

La tensión más evidente que el combate al terrorismo produce al interior del Estado tiene que ver con la amplificación moderna del paradigma de los derechos humanos. A él se anexa cada día con más vigor el paradigma de los deberes ciudadanos. Mediante el primero hemos logrado mayores esferas vitales en los cuales ejercemos nuestra libertad; mediante el segundo empezamos a comprender lo que solo es posible dentro de un orden institucional dado, en el cobran mayor relevancia los compromisos y las obligaciones con el entorno en el que habitamos.

La principal consecuencia de esta fricción necesaria es que el Estado ya no puede concebirse tan solo como un receptor de nuestras demandas infinitas, como si fuera algo independiente de nosotros, sino como un contenedor necesario al que todos pertenecen y al que debemos consolidar sostenidamente para alcanzar relaciones más estables.

Desde esta perspectiva, la persecución y castigo a los terroristas debe basarse en aquello que gracias a Weber conocemos como “ética de la responsabilidad”. Los extremistas no pueden ser incluidos como meros habitantes de una naturaleza que no entendemos, fanáticos que eligen libremente el mal antes que el bien. Por el contrario, como dice Hegel, estos deben ser “honrados como personas” y, en este carácter recibir la represalia que les corresponde por los riesgos que tienen sus acciones injustas.

En este escenario, el castigo de los actos terroristas cumple la función de reafirmar la vigencia del derecho y, más, específicamente, de los proyectos de vida que han sido socialmente consensuados mediante la ley. Si los terroristas no sufren por sus actos, se quiebra la expectativa de que es posible vivir desde el reconocimiento de nuestras diferencias y terminar el arbitraje de uno -o unos pocos- sobre el resto.

En esa misma lógica, la llamada división de poderes, imaginada por los teóricos de la modernidad y plasmada en nuestras constituciones, nunca puede ser interpretada como un menoscabo del ejercicio monopólico de la violencia legítima por parte del Estado. Frente a la amenaza terrorista, cada vez más las instituciones obligatorias deben funcionar como una unidad política de protección a la ciudadanía que lo integra.

Las ideas citadas son apenas insumos para el análisis más profundo y sincero que debemos realizar en la Argentina sobre esta problemática central de nuestra época. Aunque estamos sujetos al pragmatismo de los sondeos de opinión, sabernos que, para abordar este tipo de planteos, necesitamos una doctrina, una cosmovisión orientadora para la toma de decisiones.

Desde los ataques terroristas en la década del noventa hasta la reciente y desgarradora muerte del fiscal general que investigó a los sospechosos y los encubridores del último atentado, lo único que tenemos es el sórdido entendimiento de que cualquier horror puede suceder sin que nadie pague por ello . Esta es la fisura institucional que más ilusoria hace nuestra aventura democrática.

La actualización de nuestra legislación, la organización de la coordinación interna de los dispositivos legales y privados, la reforma del sistema de investigación judicial, la activación de la cooperación internacional en torno al terrorismo y su combate son acciones que nos convocan a todos, gobernantes y gobernados. No tengo dudas de que, con decisión, puede constituir el ejercicio principal dialéctico en pos de la unión de los argentinos.
Juan Félix Marteau. Abogado y doctor en sociología. Coordinador nacional para el combate de la financiación del terrorismo.

Fuente: Clarín